El estudio traza un perfil acerca del trabajo doméstico en Paraguay, la tercera actividad que más mujeres ocupa en el país, con un 16 % del total de las trabajadoras dedicadas a esta actividad.

Según los datos recabados, las trabajadoras domésticas en Paraguay tienen un promedio de 33 años de edad, y más del 50% de ellas tiene entre 20 y 39 años.

Mientras, un 18 % de las trabajadoras domésticas, casi la quinta parte del total, tiene entre 10 y 19 años, teniendo en cuenta que en Paraguay la edad para trabajar se calcula a partir de los 10 años, y que uno de cada cuatro niños y niñas de entre 5 y 17 años es económicamente activo en el país, y un 41 % de ellos se dedica al trabajo doméstico, según cifras oficiales.

La ley paraguaya sobre el trabajo doméstico, aprobada por el Congreso en 2015, establece que la edad mínima para este tipo de tareas es de 16 años.

Esta regulación contradice el convenio 182 de la OIT, suscrito por Paraguay, y que incluye al trabajo doméstico entre las “peores formas de trabajo infantil”.

Paraguay se ha comprometido además a erradicar el “criadazgo”, una práctica arraigada en el país, que afecta a casi 47.000 menores de edad y que consiste en que una familia cede a un niño o niña a terceras personas para que le proporcionen educación y manutención a cambio de que realice tareas domésticas.

Para evitar dar amparo legal a este tipo de trabajos en menores de edad, el Poder Ejecutivo paraguayo vetó de forma parcial la ley sobre el trabajo doméstico, y obligó al Congreso paraguayo a volver a someter a análisis esta legislación.

La ley también establece que el salario mínimo de las trabajadoras domésticas sea equivalente al 60 % del salario mínimo vigente para el resto de trabajos, lo que diversas organizaciones consideran como una discriminación.

Además, el informe advierte de que las trabajadoras domésticas ven vulnerados otros derechos laborales, como sus variaciones salariales por antigüedad, y entre un 36 y un 43 % de ellas desconoce que debe tener acceso a estos beneficios.

Así, el 94 % de ellas carece de un contrato laboral, apenas un 17% de ellas tiene acceso a algún tipo de seguro médico, y prácticamente ninguna trabajadora doméstica realiza aportaciones a su caja de jubilación, según el informe.

Entre los sospechosos se encuentra el comisario Jorge Palacios, quien fue destituido de la titularidad de la comisaría Central de San Lorenzo. Esto tras conocerse detalles de lo que, a primera vista, sería una detección y secuestro de dicha cantidad de droga, que luego fue liberada, previo pago de US$ 200.000.

El informe que maneja Asuntos Internos, es que una semana atrás (el domingo pasado) agentes de la comisaría sanlorenzana decomisaron el estupefaciente y lo depositaron en la repartición policial. Allí presuntamente se abrió una negociación con los dueños de la mercancía. Un día después el cargamento de cocaína fue liberado, pero otro grupo policial lo interceptó en el límite de Luque y Mariano Roque Alonso, y lo dio a conocer en forma oficial a la Fiscalía.

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En medio de las hipótesis que manejan los investigadores, no descartan que la trama haya sido ejecutada por el mismo grupo de 11 policías. Este presunción se basa en que, técnicamente fue un decomiso inicial, seguido de cobro por liberación y finalmente detención de los que retiraron la mercancía ilegal, con la requisa de esta y puesta a disposición del Ministerio Público.

Esta posibilidad, estiman los intervinientes, suele verificarse episodios (en todas partes del mundo) en la lucha antidrogas, y es lo que se conoce como mejicaneada.

El subjefe de esa dirección policial, Carlos Román, indicó que el primer “paquete” de solicitudes está conformado por denuncias de maltrato familiar y accidentes (de tránsito, laborales y caseros). El de los viernes para adelante, en tanto, se focaliza de manera significativa en un delito, tan irritante como poco castigado: ruidos molestos.

“Es llamativa esa situación que se da en la semana. El de los maltratos familiares lastimosamente es preocupante por la cantidad de casos. En lo referente a los ruidos molestos es también una tendencia que genera muchos disgustos en la población”, señalo Román en comunicación con la 1020 AM.

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El oficial remarcó que la Policía solo tiene potestad para accionar de manera puntual, para obligar el cese de los altos decibeles que exhiben los infractores callejeros con sus equipos musicales. Lo de procesarlos escapa de sus manos, ya que ello es competencia exclusiva del Ministerio Público.

En efecto, en los registros oficiales los números de sancionados por infringir la ley que propone la emisión de ruidos molestos, son prácticamente irrelevantes. Discotecas, puestos de comidas callejeras, automovilistas en la vía publica o residentes de viviendas con músicas a todo volumen, constituyen el “ejército” de ruidosos que convierten en infierno las horas de descanso de los que no participan de sus “fiestas”.

Por otro lado el oficial Román subrayó el tema de las cámaras del sistema 911 en las calles, que precisan crecer en cantidad y ajustes en cuando a disposición modernos.

Con 1.400 cámaras en todo el país, 246 en Central, el sistema 911 es uno de los que contribuyen al conjunto de dispositivos que construyen al “gran hermano”, el ente que todo lo ve y registra para que la Policía tome las medidas contra infractores de la ley.

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Como representante del Congreso Nacional, el senador colorado Patrick Kemper destacó la evolución y el fortalecimiento de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano de fiscalización establecido en la Constitución Nacional, y resaltó las buenas prácticas de colaboración entre dicha institución y el Congreso. Fue en el marco del “Seminario Internacional del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) y de la Comisión de Parlamentos y Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la OLACEFS”, que se realiza en la ciudad de Panamá.

Kemper hizo referencia a las buenas prácticas implementadas en Paraguay, destacando la colaboración entre la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional, y expuso como ejemplo los informes de auditorías que envía la CGR al Congreso, -conforme al artículo 282 de la Constitución Nacional- donde una Comisión Bicameral evalúa y emite dictámenes sobre las observaciones.

“Gracias a esta acción, se derivaron más de 60 reportes de indicios de hechos punibles sobre inconsistencias del ejercicio 2022 y que fueron presentados en el Ministerio Público”, señaló el político de la ANR.

Además, destacó que la revisión y actualización de las leyes y normativas que rigen las EFS puede proporcionar un marco jurídico más sólido y actualizado para su funcionamiento. En este punto la generación de marcos legales también proporciona herramientas que mediante el uso de la tecnología y la informatización de los distintos estamentos públicos permite el cruce de información que automáticamente podrían mostrar inconsistencias y posibles indicios de hechos punibles.

“En este sentido quisiera destacar la una ley que tenemos vigente en nuestra legislación que es la de Declaraciones Juradas, donde todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a presentar a la Contraloría, sus Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas dentro de los quince días hábiles de haber tomado posesión de cargo y en igual término al cesar en el mismo, la cual visibiliza la variación patrimonial de los mismos y si el mismo se dio en un porcentaje inusual que amerite una fiscalización más detallada”, precisó.

También destacó como buena práctica la evaluación de leyes y políticas: “El tablero de control del Congreso Nacional permite monitorear y evaluar la gestión pública en tiempo real, alineando los esfuerzos de la Contraloría General de la República y el Parlamento en la supervisión de las finanzas y actividades gubernamentales, asegurando la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

Por otro lado, el senador celebró el convenio de cooperación interinstitucional entre el PARLATINO y la OLACEFS, subrayando que este acuerdo permitirá compartir experiencias positivas y fortalecer la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores (EFS). Kemper precisó que la independencia de las EFS es fundamental para prevenir prácticas indebidas, como la persecución política, que pueden dañar la democracia en la región.